La segunda contra la violencia

La semana pasada leí una excelente columna de José Fernández Santillán, en la cual hablaba sobre la delgadísima línea que existe entre el Estado protector y el Estado del cual debemos protegernos...
El Estado es la mejor expresión pública de respeto y garantía a los Derechos Humanos. El Estado debe mediante acciones, omisiones y prestaciones garantizar de manera efectiva un status mínimo de igualdad para alcanzar el cumplimiento de un plan de vida digno. A través de políticas públicas, El Ejecutivo debe buscar: la eliminación de la pobreza, eliminación de diferencias sociales, educación, alfabetización y justicia social. El Estado, y sobre todo el Poder Ejecutivo debe ser garante mediante el acatamiento de las normas y de las facultades que constitucionalmente le han sido otorgadas, dando cumplimiento a los derechos, a través de planes de acción claro que revisten dichas políticas.

Por su parte, el Poder Legislativo debe realizar una tarea parlamentaria que pretenda hacer de los derechos las principales reglas del juego a través de la creación de medios efectivos de garantías al cumplimiento de los mismos, considerando que deben ser la medula de cualquier acto legislativo; es decir, debe legislar a favor de los derechos y no dar cheques en blanco a los poderes -público y privado- que les permitan abusar de su fuerza y violar Derechos Humanos. Los Derechos por tanto se convierten en el motor del aparato legislativo, y por tanto los medios para imponer límites a los poderes y cumplir con el Estado liberal de Derecho, a través de la esfera de representación democrática que supone el reflejo de los intereses políticos de la sociedad, y no sólo a través de la facultad de actuar y decidir en nombre y cuenta de los intereses sociales.

El Poder Judicial por su parte debe ser quien a través de la decisión jurisdiccional y de la socialización del Derecho a través de precedentes, dé contenido a los derechos frente a los casos, en que los principios y fines de los mismos, no puedan ser dilucidados; es decir, a través de precedentes crear garantías jurisdiccionales que vinculen al más fuerte dando mayos protección al débil, pero sobre todo con la intención de hacer derechos justiciables frente al abuso del poder....

Pero ¿qué sucede entonces cuando los poderes lejos de considerar a los derechos como medios para lograr justicia social los ven como incomodas pretensiones morales y como bromas de mal gusto que sólo frenan el desarrollo del Estado "protector"?, y ¿que sucede cuando frente a un pésimo sistema de garantías a los derechos, y con base en un discurso de seguridad o protección -que produce intentos fallidos de dar seguridad económica- se cometen las peores violaciones?....
El Estado deja de proteger y se convierte en aquello de lo que debemos protegernos, ya no es el aparato gubernamental quien hace justicia a través de la restauración de los derechos violentados, sino el principal violador de derechos.... Policías golpeando jóvenes, medidas que pretenden disuadir posturas políticas contrarias a las del régimen en turno, (in)debido proceso legal, presunción de inocencia in-exigible e in-justiciable, falta de medios para exigir cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, la estructura estatal rebasada por la estructura del crimen, y la criminalización de la sociedad a full... Son algunos ejemplos ilustrativos...

Entonces de que sirve tener Estado... si la violencia del Gobierno a las personas toma carta de naturaleza.... si la violencia ha establecido a la excepción como regla y la vida se convierte en el centro de las decisiones... la disponibilidad de la misma nos remonta a la figura de Agamben... Homo sacer...

¿Qué está fallando?