Acto de autoridad, palabra de Dios...

El Estado como máxima expresión de la modernidad y principal característica del paso del "oscurantismo" medieval hacia el "iluminismo" jurídico y social moderno, nos obliga a concebirlo como el mayor elemento de fe y creencia dogmática, colocándonos en la situación donde nuestras opciones se reducen a éstas dos: 1) O aceptas las leyes del Estado en el que vivimos actualmente; 2) o te vas a vivir a otro Estado, donde también debes aceptar las leyes que este otro imponga. Así el Estado se convierte en el ente abstracto que es origen y vida (Brahama), conservación y subsistencia (Visnú), y transformación y muerte (Shiva). El Estado es el Alfa y el Omega; pareciera ser la máxima existencia a la cual estamos sujetos, y debemos considerarlo como el calificativo "Absoluto".

El representante del Estado entre nosotros, el Presidente, emana de la ficción democrática de elección directa; fabula-ficción que supone en la realidad una actitud plenamente reduccionista en la que el absolutismo de la mayoría reina, sin que realmente se detente ni exprese la voluntad de las minorías; al mismo tiempo existe un cónclave de 11 notables nombrados (o propuestos para ser ratificados) por el santo pontífice, dueño y señor del Estado, en donde sus exigencias pueden ser cumplidas al verse absolutamente rebasada la actividad estatal de representación y legislación, por la de cabildeos ilegales y arreglos totalmente amañados, lo que puede colocar al pontífice en la posición de vender indulgencias (favores políticos) a cambio de las diligencias de evangelización necesarias para poder predicar la palabra del Estado, e imponer su santísima voluntad (reformas constitucionales principalmente).

Por tanto la socialización del derecho se convierte entonces en letra muerta; en el plano fáctico la actividad legislativa y la creación de leyes no es la expresión de la voluntad popular y de las necesidades sociales, sino un acto unilateral revestido de voluntad estatal volviéndose así un acto autoritario e impositivo que pretende una relación de "dictar y obedecer". El Legislativo dicta -legisla-, y la gente obedece; en este sentido, dicho Órgano de Poder revestido por el toque divino del Estado, constituye un círculo cerrado que emite decisiones -por lo general a propuesta del Presidente o de otros poderes legales o salvajes- que pretenden vincular y acotar de manera absoluta el actuar de los individuos. La ley es palabra divina y contra ella sólo puede haber otro dogma (osea contra una ley sólo puede haber otra ley de mayor jerarquía). Y se deja atrás al elemento social.

Mencionado el procedimiento de creación de leyes, y considerando que se toma a la ley como principal fuente del derecho independientemente de que diste de ser la máxima expresión de la voluntad social, y siendo que la decisión unilateral es la base para la actividad legislativa, la ley entonces se convierte en letra divina que pareciera ser escrita por los profetas del Estado y por tanto nos obliga a considerarnos obligados -valga la redundancia- , creyendo en el cumplimiento del Derecho como un elemento metafísico y una obligación natural a la cual estamos vinculados por nuestra condición de "gobernados", y creemos y cumplimos el derecho como si la sacralidad del Estado se basara en la simple existencia de la ley.

El Estado no debe verse como absoluto e infinito, el Estado es relativo y con cierta vigencia. El destino natural del Estado debe ser la desaparición, una vez que éste haya logrado los mínimos de satisfacción para el cúmulo de individuos, debe conseguir medios necesarios para dejar de creer en el Estado como Órgano etéreo, para comenzar a transitar como dice Sergio Pitol: sobre la congruencia humana, que concebida en sociedad, pretende ante todo una vida basada en el principio de tolerancia.

El Estado debe buscar un mínimo de igualdad, en todos los sentidos: Educación, oportunidades mínimas de desarrollo personal y social, igualdad en derechos y eliminación de la pobreza. El Estado debe establecer las bases para transitar de un Estado máximo a un Estado mínimo, hasta lograr a un Estado nulo, donde las esferas de poder no rebasen al poder estatal, donde el límite a los poderes se dé como un elemento genérico y común, donde la congruencia humana y la educación, sean los únicos medios de control social; y dejemos de concebir al Estado penal máximo como el único medio de lograr bienestar y justicia.

Ciertos triunfos nos han permitido establecer medios de defensa y límites a ese poder, los Derechos Humanos deben considerarse entonces como cartas de triunfo a los individuos y por tanto como límites a la decisión de este pontífice, que deben estar en manos protectoras, y que el Estado debe otorgar medios de garantía y protección a estos derechos. Sin embargo, si consideramos que solo son justiciables los derechos humanos que por la misma decisión autoritaria, han decidido ser positivizados y por tanto fundamentales, se convierte en una matriz restringida que queda a manos de los 11 notables que mencionábamos en un comienzo; entonces no es un error que exista el Estado sino que exista de esta manera, y sobre todo que no se incorpore a la decisión estatal la participación social, ya sea por falta de medios reales de participación ciudadana o por la ausencia de una discusión filosófica y de ciencia política profunda por parte de quien está encargado de dar contenido a los derechos.